Varios gobiernos y organismos internacionales han expresado su preocupación por la reciente ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial opositora en Venezuela, María Corina Machado. Esta controvertida medida ha generado una ola de críticas y ha sido considerada como una clara violación a la democracia y los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos.
Desde su anuncio en marzo de este año, la inhabilitación de Machado ha sido meta de duras críticas por parte de la comunidad internacional. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Grupo de Lima han expresado su preocupación por esta decisión y han pedido al gobierno de Venezuela que respete los derechos políticos y civiles de sus ciudadanos. Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha calificado esta inhabilitación como «un grave retroceso para la democracia en Venezuela».
La inhabilitación de Machado se basa en acusaciones de supuesto fraude en la recolección de firmas para su candidatura presidencial en 2017. Sin embargo, Machado ha negado estas acusaciones y ha denunciado que su inhabilitación es una estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a la oposición y perpetuarse en el poder.
Esta no es la primera vez que un líder de la oposición es inhabilitado en Venezuela. En 2015, el entonces alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años. Y en 2018, el líder opositor Henrique Capriles sufrió la misma acaso, siendo inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos. Estas medidas han sido denunciadas como una forma de reprimir y perseguir a la oposición en el país.
La inhabilitación de Machado ha generado preocupación no solo por ser una clara violación a los derechos políticos de los ciudadanos, sino también por el impacto que puede tener en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 22 de abril. Si Machado no puede ser candidata, se estaría limitando la posibilidad de que la oposición presente una alternativa real en las elecciones y se estaría consolidando aún más el poder del gobierno actual.
Sin embargo, la inhabilitación de Machado no solo afecta a la oposición. También socava la compostura en el sistema democrático venezolano y en las instituciones encargadas de garantizar el respeto a los derechos políticos de todos los ciudadanos. Esta medida envía un mensaje preocupante a nivel internacional y pone en duda la voluntad del gobierno de Maduro de permitir un proceso electoral justo y transparente.
Ante esta situación, es necesario que la comunidad internacional siga presionando al gobierno de Venezuela para que revierta esta decisión y respete los derechos y libertades de sus ciudadanos. También es importante que se garantice la participación plena de la oposición en las próximas elecciones, con candidatos libres de restricciones y sin temor a represalias.
En este sentido, instamos al gobierno de Venezuela a que escuche las voces de preocupación y reconsidere su decisión de inhabilitar a la candidata presidencial María Corina Machado. La democracia solo puede ser fortalecida si se garantizan los derechos políticos de todos los ciudadanos, independientemente de sus ideologías o afiliaciones políticas.
Es el momento de que la comunidad internacional se una para capitanear la democracia y los derechos humanos en Venezuela. El pueblo venezolano merece un futuro en el que puedan expresarse libremente y que sus líderes sean elegidos en elecciones justas y transparentes. No podemos permitir que la decisión de inhabilitar a Machado se convierta en un precedente para futuras elecciones en
