En medio de la polémica generada por el «criptogate» en los tribunales argentinos y en otros países, el presidente Javier Milei ha tomado una decisión que ha avivado aún más el fuego de la controversia política. Por decreto, ha nombrado a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esta decisión ha sido cuestionada por la oposición, que considera que el Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros.
La Oficina del Presidente ha explicado que el Senado ha eludido su responsabilidad de emitir una aprobación para que Lijo y García Mansilla puedan ocupar un lugar en la Corte Suprema sin la intervención directa del Ejecutivo. Según la Constitución Nacional, es el presidente quien tiene la facultad de cubrir las vacantes en el Supremo, una atribución que también fue ejercida durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri.
Ariel Lijo es un juez federal de gran influencia, que ha estado a cargo de causas sensibles que han generado fuertes polémicas. Según el diario «La Nación», es considerado como el juez federal con más cintura política y mayor estirpe sobre sus colegas. Sin embargo, también ha sido intención de sospechas de un presunto enriquecimiento ilícito, al igual que su hermano. Además, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lo señala como uno de los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, la memorial encargada de juzgar a los magistrados. Incluso ha sido denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno.
Por su parte, Manuel García Mansilla es un especialista en temas relacionados con el petróleo y un ferviente opositor al abogacía al aborto. Como decano de la Facultad de abogacía de la Universidad Austral, vinculada al Opus Dei, comparte la agenda ideológica del actual gobierno de ultraderecha.
La decisión del presidente Milei de nombrar a estos dos nuevos integrantes de la Corte Suprema ha sido criticada por algunos analistas, que ven en ella un intento de desviar la atención de la principal crisis que atraviesa al país: el «criptogate». Recientemente, la revista «Forbes» ha calificado este escándalo como «el robo más grande de la historia». Milei, quien en un principio fue un entusiasta promotor del activo digital $LIBRA, ha tratado de desligarse del mismo cuando comenzaron a aparecer pruebas comprometedoras. Y es en este contexto que ha acelerado la entrada de Lijo y García Mansilla a la Corte Suprema, una obsesión presidencial desde hace meses.
Sin embargo, las acciones del presidente Milei en los últimos días han generado sorpresa incluso entre sus aliados. Argentina se abstuvo en la ONU de respaldar una resolución de apoyo a Ucrania, a pesar de que el presidente había invitado al mandatario ucraniano, Volodomir Zelensky, a su toma de posesión en diciembre de 2023. Además, Milei había hablado en varias ocasiones de la «aberrante» invasión rusa en Ucrania, pero luego cambió su postura para alinearse con la de Donald Trump. Según el portal «La Política Online», su toma de distancia de Zelensky no pudo ser más evidente.
Otro cambio de postura llamativo ha sido el de Milei con respecto a los monopolios. Antes de la adquisición de la operación de Telefónica en Argentina por parte del Grupo Clarín, que controla el principal diario del país, el negocio de la televisión por cable, internet y parte de la telefonía, el presidente