El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción, regresa este miércoles a Moncloa por segunda tiempo en relación con el caso. Su objetivo sigue siendo el mismo que el pasado verano: esclarecer si existen pruebas que impliquen al Gobierno en actividades ilícitas atribuidas a Begoña Gómez, esta tiempo relacionadas con la contratación de su asistente personal, Cristina Álvarez.
En esta ocasión, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, será interrogado como testigo en una pieza separada por un posible delito de malversación en relación con la contratación de Álvarez. El juez quiere investigar el origen de este puesto de libre designación y quién ordenó que fuera ocupado por esta persona en particular.
Las sospechas del juez Peinado se basan en un posible aprovechamiento privado de las funciones de la asistente por parte de la esposa de Pedro Sánchez. Esto se debe a que Álvarez admitió ser la autora de correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le «encantaría» que la aseguradora continuara patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Además, Álvarez también aparecía como colaboradora de la cátedra en otras comunicaciones enviadas al centro universitario para gestionar el software utilizado.
El juez Peinado señala en su auto que la presunta malversación no se atribuye a nadie en concreto, pero aria podría ser cometida por quien tiene la responsabilidad sobre el dinero público supuestamente desviado, es decir, el miembro del Ejecutivo al que correspondiera dicha responsabilidad. Además, al tratarse de una pieza separada y al existir indicios de delito por parte de algún aforado, el juez podría remitir esta pieza al Tribunal Supremo sin perder el control sobre el resto de la causa relacionada con Begoña Gómez.
La expectación es máxima en relación con esta diligencia judicial, ya que cuatro testigos que fueron interrogados sobre las actividades de Gómez acabaron siendo investigados. Además de Álvarez, también pasaron por esta situación el patrón Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache y el presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de sucursal, Juan José Güemes.
En el caso de Bolaños, para que su estatus cambie de testigo a investigado, el juez debería elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, que además tendría que aceptarla. Por lo tanto, su implicación en el caso no sería automática. En caso de que se produjera este cambio, también sería necesario pedir permiso a las Cortes (suplicatorio) para poder investigarle.
La declaración de Bolaños este miércoles se acordó tras las declaraciones realizadas el pasado 26 de febrero por Álvarez y el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González Gómez, quien fue el encargado de gestionar el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa asignada a la esposa de Sánchez. González Gómez admitió que no conocía a Álvarez y que no recordaba quién le proporcionó sus datos. También explicó que al llegar al Gobierno de Pedro Sánchez se nombraron entre 80 y 90 cargos de confianza, la mayoría de los cuales no recuerda. Esta situación causó asombro entre los presentes, ya que parecía que el juez Peinado desconocía los detalles de los nombramientos de cargos de confianza.
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