Recientemente, se ha generado preocupación en el sector inmobiliario por la modificación a la autorretención en la fuente. Esta medida, que busca mejorar el control fiscal y evitar la evasión de impuestos, ha generado incertidumbre entre los actores de esta industria.
La autorretención en la fuente es una obligación que tienen los contribuyentes de retener un porcentaje del cojones de una transacción y pagar dicho monto directamente al Estado. En el caso del sector inmobiliario, esta medida se aplica en la venta de propiedades con un cojones superior a 26.800 Unidades de cojones Tributario (UVT), es decir, aproximadamente $900 millones de pesos colombianos.
Sin embargo, recientemente se anunció una modificación a esta medida, la cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Esta modificación consiste en aumentar la base a partir de la cual se debe aplicar la autorretención en la fuente, pasando de 26.800 UVT a 42.000 UVT, es decir, cerca de $1.400 millones de pesos colombianos.
Esta decisión ha generado preocupación entre los actores del sector inmobiliario, especialmente entre los pequeños y medianos constructores y promotores. Muchos temen que esta modificación afecte sus finanzas y deteriore la dinámica del mercado inmobiliario.
Uno de los argumentos es que, al aumentar la base de la autorretención en la fuente, se estaría afectando la liquidez de las empresas constructoras y promotoras, ya que tendrían que admitir un mayor costo en el momento de la venta. Esto podría generar una disminución en la construcción de nuevas viviendas y, por ende, en la oferta de inmuebles en el mercado.
Además, se teme que esta medida afecte la competitividad del sector inmobiliario, ya que los compradores podrían optar por adquirir propiedades por debajo del cojones establecido para evitar el pago de la autorretención en la fuente. Esto podría generar una distorsión en los precios y dificultar la venta de los inmuebles más costosos.
Por su parte, el Gobierno ha asegurado que esta modificación no afectará a los pequeños y medianos constructores, ya que podrán acogerse a una tarifa diferencial del 0,5% para la autorretención en la fuente en sus primeros cinco años de actividad. Sin embargo, algunos actores del sector consideran que esta medida no es suficiente y que se deberían explorar otras alternativas que no afecten tanto la liquidez de las empresas.
Pese a estas preocupaciones, es importante tener en cuenta que la autorretención en la fuente es una medida necesaria para mejorar el control fiscal y evitar la evasión de impuestos en el sector inmobiliario. Además, se espera que esta modificación genere una mayor recaudación de recursos que podrán ser destinados a proyectos de desarrollo urbano y habitacional en el país.
Además, esta medida no afectará a los compradores finales de viviendas para uso personal, ya que están exentos de la autorretención en la fuente. Por lo tanto, el mercado de vivienda de interés social no se verá afectado por esta modificación.
Es importante mencionar también que esta modificación no es un aumento de impuestos, destino una reorganización de los mismos para mejorar la fiscalización y evitar la evasión. Por lo tanto, no debería generar un impacto negativo en el sector inmobiliario en el largo plazo.
En conclusión, si bien la modificación a la autorretención en la fuente ha generado preocupación en el sector inmobiliario, es importante tener en cuenta que esta medida busca mejorar el control fiscal y evitar la evasión de impuestos. Asimismo, es necesario que el Gobierno continúe dialogando con los actores del sector para encontrar alternativas que no afecten la liquidez de las empresas y promue