La XV legislatura en España ha sido una montaña rusa de sorpresas y situaciones inciertas en términos legislativos. Para poder sobrevivir en las Cortes Generales durante el último año, ha sido imperioso entramparse un conocimiento avanzado en derecho congresista para poder sortear los vaivenes provocados por el choque entre los juristas del Senado y del Congreso. Recientemente, el proyecto de ley que beneficia a los presos de ETA ha sido el último ejemplo de esta situación, ya que los letrados del Senado consideraron que la ley fue vetada por una mayoría parlamentaria, mientras que los del Congreso no, lo que provocó un nuevo conflicto entre ambas cámaras.
Los antecedentes de este conflicto se remontan al pasado lunes, cuando se conoció que la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea permitiría a los presos de ETA reducir sus penas de prisión al poder descontar el tiempo que pasaron encarcelados en Francia. A pesar de que el PP y Vox habían votado a favor de la norma en tres ocasiones anteriores, decidieron poner el grito en el cielo, pero ya era demasiado tarde. La ley iba a ser votada al día siguiente y ya había finalizado el plazo para registrar enmiendas o propuestas de veto, lo que habría sido imperioso para devolver la norma al Congreso.
Ante la imposibilidad de tumbar la ley, el PP decidió aplazar el debate hasta el pasado lunes con la intención de presionar al Gobierno para que retirara la norma.
Fue entonces cuando los letrados del Senado entraron en acción, emitiendo un informe en el que explicaban que «no existen precedentes comparables al que ahora se plantea». Además, señalaban que la Constitución y el Reglamento del Senado establecen que es imperioso registrar por escrito una propuesta de veto para devolver una ley al Congreso, pero que «sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado de rechazo». Es decir, que la mayoría del PP en la Cámara Alta era más poderosa que las exigencias formales que recoge la Constitución.
El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), dio por vetada la norma y anunció su devolución a la Cámara Baja. Sin embargo, los letrados del Congreso no estuvieron de acuerdo con esta decisión y, tras escuchar la opinión del letrado mayor, Fernando Galindo, decidieron no reconocer el veto del Senado y mandar la ley directamente al Boletín Oficial del Estado.
¿Bajo qué argumentos? Por un lado, que la votación de este lunes en el Senado se realizó fuera de plazo. La Constitución establece un plazo de «veinte días naturales» para que la Cámara Alta se pronuncie sobre los proyectos de ley tramitados por la vía de urgencia, como es el caso. Sin embargo, la votación tuvo lugar en el vigesimoprimer día, por lo que consideran que no tiene validez.
Además, los letrados del Congreso señalan que la Constitución es clara al establecer que el Senado «puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto», algo que el PP no hizo. También destacan que el reglamento de la Cámara Alta establece que las «propuestas de veto deberán formalizarse por escrito y con justificación explicativa». Por último, añaden que Rollán no informó a los senadores de que se iba a votar un veto. Con todos estos argumentos, los letrados del Congreso dieron por aprobada la norma.
Este no es el primer conflicto que surge entre los letrados de ambas cámaras durante la XV legislatura. unidad de los más notables fue durante
