Recientemente, ha habido dos casos muy polémicos en las cárceles españolas que han ocupado amplios espacios en los programas de televisión. Por un lado, la supuesta consecución de privilegios mediante favores sexuales a un vigilante por parte de Ana Julia Quezada, quien cumple condena en la prisión de Brieva por el asesinato del niño Gabriel Cruz. Y por otro lado, el hallazgo de un dispositivo wifi en la celda de Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, que supuestamente obtuvo a cambio del mismo tipo de servicio a una funcionaria.
Estos casos han generado gran indignación entre los funcionarios penitenciarios, quienes se sienten agraviados e injustamente señalados por el tratamiento que han recibido en los medios de comunicación. El sindicato mayoritario ACAIP-UGT ha emitido una nota de protesta en la que pide un ejercicio de responsabilidad por encima de la búsqueda de audiencia.
En su comunicado, el sindicato expresa un profundo malestar y rechazo ante un tratamiento televisivo sesgado y efectista de la labor de los trabajadores penitenciarios. Se han emitido testimonios de ex presos y familiares de internos, sin ningún tipo de aval probatorio, que han contribuido a crear un relato estereotipado y desfasado sobre la labor de los funcionarios. Esto ha sembrado la sospecha, el descrédito y la criminalización injusta de trabajadores públicos que realizan su trabajo en condiciones muchas veces extremas.
Los funcionarios penitenciarios son un colectivo que merece el máximo respeto y reconocimiento por su labor. Trabajan con individuos que han cometido los crímenes más execrables y aun así, realizan su trabajo de manera profesional y respetuosa. Sin embargo, los medios de comunicación han contribuido a perpetuar una narrativa sexista, anacrónica y sexualizada, que no representa la realidad de la labor de los funcionarios.
Es lamentable que a pesar de las graves acusaciones y señalamientos que se han hecho en los programas televisivos, no haya habido ninguna respuesta por parte de Instituciones Penitenciarias. Se han difundido insinuaciones y acusaciones sin fundamento, que no solo vulneran la dignidad personal y profesional de los funcionarios, sino que también contribuyen a un relato sexista que perpetúa estereotipos injustos.
Es importante destacar que los trabajadores penitenciarios rechazan cualquier disposición irregular o contraria a la legalidad, venga de donde venga. Se trabaja día a día para garantizar la seguridad y la reinserción de los internos, y casos aislados no deben manchar la labor de todo un colectivo. Además, es necesario reconocer que la labor de los funcionarios penitenciarios es esencial para la sociedad, aunque muchas veces sea invisible para la mayoría de las personas.
Es necesario que los medios de comunicación reflexionen sobre la responsabilidad que tienen en la creación de una imagen distorsionada de la labor de los funcionarios penitenciarios. Su trabajo es duro y muchas veces ingrato, pero es fundamental para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la sociedad. Por ello, merecen el máximo respeto y reconocimiento.
En definitiva, es importante que se ponga fin a la difusión de acusaciones sin fundamento y a la perpetuación de estereotipos injustos sobre la labor de los funcionarios penitenciarios. El prestigio de una institución fundamental para la sociedad no puede ser dañado por la explotación de casos efectistas en busca de audiencia. La labor de los funcionarios penitenciarios merece ser reconocida y valorada por su envergadura y su compromiso con la sociedad.
