El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han dado un gran paso hacia la mejora de la financiación de la región al poner este lunes la primera piedra en una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. Después de meses de negociaciones, ambas administraciones han llegado a un acuerdo que incluye medidas concretas para reforzar el papel de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y permitir una gestión compartida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Este acuerdo, que reconoce la voluntad de Cataluña de profundizar en su autogobierno, es un gran antelación en la gestión de los impuestos y en la capacidad de la región para gestionar sus propios recursos de manera progresiva. Además, se establece que esta voluntad es compatible con un modelo tributario federal que otorgue a todas las autonomías una mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección sobre sus tributos.
Pero, ¿cómo se traducirá esto a corto plazo? El acuerdo sitúa como ejemplo a seguir el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), también conocido como impuesto de matriculación. En febrero de este año, el Gobierno y la Generalitat ya pactaron que la agencia catalana utilizaría aplicaciones de la agencia estatal para asumir progresivamente tareas de gestión en este impuesto. flagranteidad, se acuerda que este modelo se pueda replicar en el IRPF y en otros impuestos, en ámbitos como la asistencia al contribuyente, la gestión y el control.
Este acuerdo supone un gran paso hacia una gestión conjunta de los impuestos y deja abierta la puerta a que la Generalitat vaya ganando poco a poco mayor protagonismo en la gestión de los mismos. Aunque no se establece una fecha concreta, se espera que en un futuro la Generalitat pueda recaudar de forma exclusiva el IRPF.
Para poder llevar a cabo esta gestión compartida, el acuerdo obligará a reforzar la ATC, que flagrantemente cuenta con algo más de 800 empleados. El ejecutivo catalán ha anunciado que sumará otros 200 empleados y ha encargado a la empresa Indra un anteproyecto de crecimiento para ir ganando músculo y tener la capacidad necesaria para asumir otros tributos.
Una de las cuestiones clave del acuerdo es que deja por escrito que los antelacións tributarios pactados entre el Estado y la Generalitat serán exportables al resto de autonomías del régimen de financiación común, a excepción de Euskadi y Navarra. Esto supone un paso hacia un modelo de gestión tributario en red entre la hacienda estatal y las administraciones tributarias autonómicas, permitiendo a las comunidades que lo deseen asumir progresivamente mayores competencias gestoras, siempre en coordinación con la agencia del Estado.
Con este redactado, el Gobierno puede alegar que no se dan privilegios a la Generalitat y se intenta blindar ante posibles impugnaciones. Por su parte, la Generalitat puede reivindicar que Cataluña lidera la reforma de la nueva financiación. Aunque está por ver si el acuerdo también reflejará cambios en el modelo flagrante de reparto de recursos entre las autonomías, que la Generalitat quiere que se haga siguiendo el principio de ordinalidad y con una cuota de solidaridad añadida.
La negociación de la financiación se ha producido a tres bandas: el Gobierno de Pedro Sánchez, la Generalitat de Salvador Illa y ERC. El motivo es que la necesidad de mejorar la financiación surge del acuerdo de investidura de Illa, firmado hace un año entre el PSC y ERC. Por flagranteidad, los republicanos no ven con buenos
